Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ)

La Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia (CRAJ) es la Comisión de Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) comprometida con la defensa y apoyo a los intereses de la profesión en el ejercicio de su tarea diaria.

Vela por la corrección en el trato en la intervención en procesos judiciales, e interviene en relación a las posibles disfunciones o incidencias que se produzcan en el seno de la Administración de Justicia o de otras Administraciones.

También trabaja para impulsar mejoras y establecer acuerdos de colaboración que permitan una intervención efectiva. En este sentido, la CRAJ ha establecido convenios y ha acordado la creación de comisiones mixtas que facilitan poder plantear de manera directa y ágil mejoras o la resolución de incidencias con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los Letrados/das de la Administración de Justicia, la Fiscalía o con la respresentación de los diferentes Cuerpos Policiales.

Actúa respecto a otras Administraciones como la Agencia Tributaria, los Registros (Civil, Mercantil o de la Propiedad), los organismos de la Seguridad Social, o con cualquier ámbito vinculado con el ejercicio profesional de la abogacía y que nos demanden las personas colegiadas.

La CRAJ realiza una función informativa y de difusión, publicando continuamente las novedades de interés para el ejercicio de la profesión, realizando consultas y encuestas sobre la opinión de la abogacía en temas de interés, los calendarios de guardias judiciales anuales, informando sobre las inspecciones que hay previstas en órganos judiciales y fiscalía, y organizando las estancias de alumnos de la Escuela Judicial en despachos profesionales que colaboran voluntariamente para facilitar el conocimiento desde el punto de vista de la abogacía.

La CRAJ tiene como finalidad el servicio a las abogadas y abogados, y está a su plena disposición para alcanzar juntos, día a día, la mejor y más efectiva respuesta a nuestro trabajo y luchar por el reconocimiento de nuestra profesión como garante de la defensa de los derechos de la ciudadanía.