Se trata de una figura prevista en los Estatutos colegiales, con el fin de resolver todas aquellas quejas que las personas colegiadas formulen en relación con el anormal funcionamiento de los servicios colegiales. Sus funciones son de carácter únicamente administrativo.

La Junta de Gobierno del ICAB propuso a la colegiada Rosa Maria Barberà para este cargo, que tiene una duración de 4 años, en atención a su trayectoria y experiencia profesional ya su amplio conocimiento del funcionamiento de la Corporación.

El anterior defensor de la persona colegiada (2009-2026) fue el letrado Joan Maria Xiol Quingles, traspasado recientemente.