“La Ley Orgánica del Derecho de Defensa ha cambiado el marco legal; la ciudadanía ha pasado a tener derecho a ser informada del importe de una eventual condena en costas y los Colegios han quedado obligados a proporcionarle las herramientas para conocerlo”, ha afirmado el presidente Salvador González en un encuentro en el que también ha estado presente la decana del Colegio de Barcelona, Cristina Vallejo.

El presidente ha explicado que se han mantenido varias reuniones con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), pero no se ha logrado alcanzar una solución porque la CNMC ha insistido “en tratar esta cuestión como un tema de competencia y libre mercado, cuando lo que ha hecho la Ley del Derecho de Defensa ha sido otorgar a los ciudadanos el derecho a saber cuál es el riesgo económico de emprender acciones legales”. Y ha expresado su confianza en que se encuentre una solución para materializar este derecho de la ciudadanía que ha afectado a la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución.

“Esta situación ha causado una gran inseguridad jurídica porque no hemos podido informar al ciudadano, al consumidor bancario o al afectado por la cláusula IRPH de algo tan esencial como las consecuencias económicas de una eventual condena en costas. Esa información ha sido vital para poder tomar la decisión que corresponde y, sin ella, mucha gente ha podido desistir de su idea de iniciar un procedimiento para defender sus derechos”, ha afirmado Cristina Vallejo.

Salvador González también se ha referido a la aprobación, en el pleno del pasado viernes, de los presupuestos del Consejo General de la Abogacía para 2026 con un 96 % de los votos. “Esto ha demostrado la unidad de la abogacía y el apoyo a nuestro proyecto de modernización y de mejora de los servicios y de las condiciones de la profesión”, ha afirmado el presidente.

Estos presupuestos han marcado dos líneas de actuación claras, ha explicado: la formación y la digitalización de la profesión, con la mejora del acceso a los servicios tecnológicos por parte de los colegios y de los colegiados. Y en este sentido se ha referido al Programa Upro de Formación en Competencias Digitales, financiado con 200 millones de fondos europeos para formar a decenas de miles de profesionales.

“Ya han sido más de 17.000 los abogados inscritos y la cifra ha seguido creciendo, con lo que se ha impulsado la digitalización y la competitividad de la profesión. Una oportunidad histórica para la modernización del sector”, ha asegurado.

La digitalización también ha pasado, ha explicado, por un nuevo sistema de gestión que ha sustituido a SIGA, el programa de gestión desarrollado por el Consejo General y que han utilizado ya 59 de los 83 colegios de la Abogacía. Y por culminar el nuevo ACA plus en la nube, la firma digital de la abogacía, cuya implantación ha de haber finalizado en el primer trimestre de 2026.

Entre las prioridades para 2026, Salvador González también se ha referido a la esperada solución para la cuestión de los mutualistas. “Lamentablemente, todo ha parecido indicar que, salvo sorpresa de última hora, el año ha terminado sin un acuerdo sobre este tema, a pesar de los enormes esfuerzos realizados desde la Abogacía y sus asociaciones de afectados”, ha señalado.

“Ha sido necesario esperar al inicio del próximo periodo de sesiones en febrero, o bien, salvo sorpresa, a una sesión extraordinaria en el mes de enero, para que se haya aprobado la esperada pasarela al RETA. Se ha tratado de un tema de máxima urgencia que ha requerido altura de miras por parte de todos los partidos para alcanzar un acuerdo consensuado”, ha afirmado.

También ha expresado su confianza en que “lo antes posible” se hayan tenido noticias sobre la esperada Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o sobre las necesarias mejoras en las condiciones de la asistencia jurídica gratuita. Y ha hecho especial hincapié en la actualización de la cuantía de los baremos y la creación de un nuevo baremo para remunerar los MASC. “Los responsables de Justicia han tomado conciencia de la trascendencia de este servicio y han adquirido una serie de compromisos que nos han permitido seguir avanzando”, ha asegurado.

Y finalmente ha mencionado el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de la Abogacía, el primer instrumento internacional para proteger el ejercicio de nuestra profesión frente a amenazas, ataques e intimidaciones de todo tipo. “Ha sido un hito muy importante en cuya aprobación hemos tenido mucho que ver. Hemos quedado a la espera de que haya sido ratificado por España y estamos convencidos, tras hablar con el ministro, de que se hará en una fecha cercana”, ha señalado.