El coronavirus ha producido un cambio rápido, contundente y drástico en nuestras vidas. Y lo ha hecho a nivel planetario desde la base, es decir, partiendo de todos y cada uno de los individuos, hasta alterar la sociedad en su conjunto. Todos entendemos que no hemos caído en un pozo, sino que estamos pasando por un túnel, y que habrá un final. En consecuencia, la gran mayoría de nosotros estamos esperando que esto termine para volver a la "normalidad".

Pero la pregunta es si podremos volver a la misma normalidad de antes o si, a partir de ahora, la normalidad será otra.

Cambios sociales

Las crisis profundas dan lugar a cambios profundos. Y esta lo es. El coronavirus ha hecho que la res publica salga conceptualmente reforzada (a pesar de su inoperancia para evitar la crisis), que los intercambios económicos hayan quedado reducidos a niveles de casi subsistencia (por lo que el tejido comercial resulta inoperante, tal y como está mayoritariamente conceptuado en estos momentos), que las relaciones personales directas hayan sido afectadas temporalmente (lo que dificulta la comunicación entre personas tal como la hemos entendido hasta la fecha), que los transportes públicos sean cuestionados (en tanto que fomentan las aglomeraciones de gente), que la externalización de la producción industrial en otros países haya mostrado un punto débil (dado que no tenemos autonomía para autoabastecernos y dependemos de terceros países), etc.

El mundo tal como lo entendíamos ya no encaja con nuestra actual realidad. En otras palabras, nuestro mundo ha cambiado. Y, por tanto, habrá que cambiar nuestra percepción del mundo.

En este contexto, dos son los cambios que entiendo deberá afrontar la abogacía:

1. En su función social (el fondo).
2. En el modo de ejercer (la forma).

La función social de la abogacía

La abogacía tiene como función esencial defender los intereses públicos y privados, mediante la aplicación de la ciencia y técnicas jurídicas. Estos intereses públicos y privados ya se están viendo afectados como consecuencia del coronavirus.

China, por ejemplo, parece que aplica tecnología intrusiva para controlar la enfermedad:

1. Smartphones. A través de apps se controlan datos biométricos y los movimientos de cada usuario.

2. Inteligencia artificial. Programas que detectan a través del ordenador personal, o de cámaras públicas, y con una fiabilidad del 96%, si una persona está infectada o no a base de tomografías.

3. Robots. Controlan en la calle la temperatura corporal de los ciudadanos para saber si presentan fiebre o no, obligándolos a volver a casa si es así.

4. Drones. Fumigan o transportan medicinas u otros materiales necesarios en zonas de aislamiento.

Todas estas medidas pueden resultar efectivas. Pero algunas de ellas tienen un elevado coste: la libertad e intimidad personales. Y es que se opta por controlar la enfermedad controlando primero a los ciudadanos. Y aquí unos de los dilemas que vendrán: sanidad (seguridad) vs. libertad. Dilema falaz, ya que no debería ser uno u otro, sino ambos simultáneamente. De nada sirve la una sin la otra. Ambas conforman el núcleo esencial de la persona jurídicamente hablando. Y ese núcleo en su conjunto es el que hay que preservar.

La abogacía deberá defender los derechos y libertades, y luchar contra la intrusión externa en la esfera personal y la dignidad de la persona. Deberá defender los derechos, también el de la salud, pero sin merma del resto de derechos. Deberá preservar la sociedad libre que hemos construido. Y deberá hacerlo en un entorno donde el miedo (que es mal consejero) hará prevalecer el recurso fácil de entregarnos a la tecnología para controlar a las personas y, por tanto, la enfermedad. Siempre habrá algo de lo que tener miedo. Si no es esta pandemia, será la siguiente que vendrá.

En los tiempos que vendrán tendremos que optar entre la responsabilidad (libertad) y el paternalismo (proteccionismo). Y la abogacía debería estar al lado de la libertad, porque históricamente ha sido la vía que ha demostrado ser la más adecuada para alcanzar los más altos niveles de prosperidad social.

La forma de ejercer la abogacía

Por otra parte, y en otro orden de cosas, la tecnología puede ayudar enormemente a que el impacto del coronavirus en nuestra sociedad sea mucho menor. Y es que hoy, a diferencia de hace unos años, podemos hacer gran parte de nuestra vida en formato digital. Más aún con la llegada del 5G. Podemos comprar on line, podemos ver películas on line, podemos reunirnos on line, podemos prestar servicios on line. Y la abogacía tradicional es uno de los servicios que, en gran medida, puede prestarse on line.

Ya hace años que tenemos claro hacia dónde vamos, tecnológicamente hablando. Pero es un hecho que el coronavirus ha sido un acelerador de este proceso. Se habla de continuar la formación académica de nuestros hijos vía telemática. Las reuniones entre compañeros se hacen por videoconferencia. Las reuniones con clientes, también. Si alguien dudaba sobre si digitalizar el despacho, estos días tendrá clara la respuesta.

Que la banca sea telemática es una ventaja. Que la administración pública fuera realmente y totalmente telemática sería una ventaja. Que los juicios sean totalmente telemáticos veremos si no es una necesidad. Que los comercios sean omnicanales es ahora una clara ventaja.

Para la abogacía no es diferente. Esta subsistirá en la medida en que pueda prestar su servicio por cualquier canal (ya sea físicamente, ya sea por internet). Y a través de cualquier dispositivo. Habrá tres etapas en este proceso de adaptación acelerada:

1. Garantizar la continuidad del servicio.

2. Establecer nuevas maneras de trabajar adaptadas al nuevo entorno omnicanal.

3. Priorizar la transformación tecnológica (siempre en función de la necesidad de prestación del servicio, y de nuestra manera de trabajar, no al revés).

La abogacía, en este aspecto, será sin duda líder en la adaptación a la nueva realidad. Vivimos y trabajamos a la intemperie, es decir, totalmente expuestos a la realidad. Y es por eso que cuando ésta cambia, nosotros cambiamos con ella.