La abogacía de Madrid y Barcelona presenta nuevas propuestas para actualizar y adecuar la legislación a las necesidades y demandas actuales de la sociedad
- Las iniciativas han sido elaboradas a través de los institutos de investigación jurídica I+D ICAM e I+DRET y se centran, entre otras materias, en multirreincidencia, ocupación delincuencial de viviendas, crédito revolving, cláusula “rebus sic stantibus” o la necesaria especialización de la Administración de Justicia en Infancia, Familia y Capacidad.
Los Colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona han dado a conocer este lunes sus últimas propuestas para actualizar y adecuar la legislación a las necesidades y demandas actuales de la sociedad en diversas materias de interés social y económico.
Las iniciativas, elaboradas a través de los institutos de investigación jurídica I+D ICAM e I+DRET, se han presentado en un acto conjunto en la sede del ICAM que ha contado con la participación del presidente del Consejo Asesor de ambos institutos, Javier Orduña, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Valencia y ex magistrado de la Sala 1ª del Tribunal Supremo. Además, han intervenido en el acto el decano en funciones del Colegio de la Abogacía de Madrid, José María Alonso; el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez; la decana de la Facultad de Derecho y Empresa de la Universidad Abat Oliba CEU, Mª Jesús Pesqueira; el abogado y diputado en funciones responsable de Secciones del ICAM, Eugenio Ribón; y la coordinadora del área de Formación del ICAB, Cristina Vallejo.
Todos los participantes han destacado el trabajo conjunto realizado a través de la colaboración entre ambos institutos, concretado en 12 medidas para dar solución a problemáticas sociales que lejos de reducirse se están agravando en el actual contexto de crisis. En este sentido, Javier Orduña ha enfatizado que “la necesaria recuperación económica y la garantía de paz social pasan por la determinación política de llevar a cabo reformas legislativas que no pueden demorarse más”.
Por su parte, José María Alonso ha recalcado la importancia que tendrán todas y cada una de las propuestas “de cara a mejorar nuestra legislación para servir los intereses de la sociedad civil”, solventando problemas que pasan inadvertidos para la mayor parte de la ciudadanía y que “solo pueden ser denunciados por los profesionales protagonistas y testigos de la aplicación de la normativa”.
En la comparecencia se han tratado a fondo cambios legislativos que pondrían coto a problemáticas como la multirreincidencia o la ocupación delincuencial de viviendas. Jesús M. Sánchez ha afirmado que “es un error intentar aproximarse a estas graves problemáticas sociales desde los apriorismos ideológicos”. Y ha añadido: “Solo desde el estudio detallado de los ordenamientos de nuestro entorno y del propio, como llevan a cabo los institutos del ICAM y el ICAB, se pueden plantear reformas eficaces que garanticen de veras la defensa de los derechos de la ciudadanía y el progreso social”.
También se han propuesto medidas para dar solución a conflictos derivados del consumo y en productos bancarios como son la supresión del índice IRPH de las hipotecas o la falta de transparencia y protección de los créditos de las tarjetas revolving. A su vez, y entre otras reformas, se ha propuesto la especialización en la jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad a través de la implantación de tribunales de instancia y de oficinas de justicia en los municipios, así como la regulación de la cláusula “rebus sic stantibus” en el Código Civil.
Eugenio Ribón ha manifestado que esta sinergia de Institutos I+D “nace con el objetivo de ser un instrumento avanzado en el estudio de la Ciencia Jurídica capaz de detectar los déficits normativos que padece nuestro Derecho y ofrecer al legislador e intérprete judicial las propuestas más idóneas para la mejora de nuestro sistema jurídico y convivencia social. Emerge con el acierto de conjugar el saber de la academia con la perspicacia de la práctica forense en el ejercicio del derecho. Y a partir de ello, ser capaces de ofrecer respuestas concretas y tangibles”.
A continuación, se detalla el índice de medidas presentadas en la rueda de prensa conjunta:
1.Medidas procesales, organizativas y sustantivas de acompañamiento a las propuestas legislativas relativas a los delitos de multirreincidencia.
2. Propuesta de Reforma parcial del Código Civil, mediante Decreto-ley, para la regulación, por primera vez, de figuras de especial relevancia y oportunidad en períodos de crisis: cláusula “rebus sic stantibus” y desheredación por causa de maltrato psicológico3.
3.Proposición de ley de modificación del artículo 1258 de Código Civil.
4. Proposición de Ley en materia de ocupación ilegal y multirreincidencia, por la que se modifican el Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la ley de enjuiciamiento criminal y la ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
5. Modificación de la ley de bases del régimen local en lo relativo a ocupación ilegal.
6. Propuesta de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para facultar a las comunidades de vecinos para poder actuar ante ocupaciones ilegales.
7. Proposición de ley de reforma de la ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos.
8. Proposición de ley para la supresión del índice IRPH Entidades y su sustitución en los contratos afectados por la vigencia de la disposición adicional décimo quinta de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
9.Adenda a la propuesta de enmiendas al proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia que formula el ICAB.
- Propuesta de enmiendas de la Plataforma Familia y Derecho, el ICAM y el ICAB al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del Servicio público de Justicia, por la que se modifica la ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial, para la implantación de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia en los municipios (Infancia, Familia y Capacidad).
- Propuesta sobre la Orden ETD/699/2020 de modificación de la Orden EHA/2899/2011 de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios al objeto de establecer el límite máximo del tipo de interés en los créditos revolving.
- Proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita como consecuencia de la aplicación de los medios adecuados de solución de conflictos.
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