• La decana del ICAB, Cristina Vallejo, reivindica la función jurídica como ventaja competitiva, mientras el presidente de la Comisión Legal de CEOE, Valentín Pich Rosell, defiende un abogado de empresa más pluridisciplinar y plenamente integrado en el negocio.
• La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, defiende reglas “claras, estables y previsibles” y presenta el proyecto de Ley contra la Hiperregulación como una vía para reducir cargas y dar mayor seguridad a las empresas.
• La diputada del ICAM Roberta Poza subraya la evolución de la abogacía de empresa hacia una función cada vez más integrada en la estrategia, la gestión del riesgo y la toma de decisiones

El III Encuentro Abogacía de Empresa ICAM-ICAB ha cerrado este viernes en Madrid una nueva etapa en el debate sobre la función jurídica de estos profesionales dentro de las compañías. Si las dos primeras ediciones contribuyeron a consolidar su consideración como socio estratégico del negocio y su presencia en los órganos de dirección, esta tercera cita ha puesto el foco en cómo ejercer esa posición en un entorno marcado por la aceleración tecnológica, la complejidad regulatoria y una exposición creciente a riesgos que desbordan el ámbito estrictamente jurídico.

El resultado apunta hacia una asesoría jurídica cada vez más transversal. Conocer el negocio, anticipar riesgos, interpretar el contexto geopolítico, gobernar el uso de nuevas tecnologías y trasladar el criterio legal a quienes toman las decisiones forman ya parte de una función que se mide no solo por su capacidad para evitar contingencias, sino también por su contribución al desarrollo y la competitividad de la empresa.

Los datos presentados por el ICAM durante la clausura muestran que esa evolución tiene ya una traducción concreta en las estructuras corporativas. Roberta Poza, diputada de la Junta de Gobierno del ICAM y presidenta del Consejo editor de Otrosí, ha recordado las principales conclusiones del primer estudio sobre abogacía de empresa impulsado por la revista del ICAM, según el cual el 42% de los profesionales participa activamente en la estrategia empresarial, el 26% pertenece al comité de dirección y el 23% ejerce como secretario del consejo.

El estudio, elaborado a partir de 893 entrevistas, dibuja además un perfil profesional consolidado. Siete de cada diez abogados de empresa proceden de despachos y sus responsabilidades se han extendido hacia áreas como el cumplimiento normativo, la protección de datos, la gestión de riesgos o la propia estrategia corporativa. La ciberseguridad figuraba ya entre las principales preocupaciones del colectivo cuando se realizó el trabajo de campo en 2025.

Del reconocimiento estratégico a la capacidad de influencia

La clausura ha permitido contrastar esos datos con la evolución que observan actualmente empresas y profesionales. Para Cristina Vallejo, decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, el reconocimiento del valor estratégico de la abogacía in-house debe traducirse también en una mayor presencia allí donde se adoptan las principales decisiones de la compañía.

“La abogacía de empresa sois estrategia y os lo tenéis que creer”, ha afirmado Vallejo, que ha defendido la presencia de estos profesionales en los comités de dirección. “La abogacía de empresa es una ventaja competitiva para su organización”, ha añadido.

La cuestión, por tanto, ya no se limita a estar presente en la dirección, sino a qué aporta el profesional una vez integrado en ella. Vallejo ha señalado que las decisiones jurídicas contribuyen también a generar valor para las compañías y ha llamado a superar una visión de la asesoría legal centrada exclusivamente en el coste o en la prevención de contingencias.

Desde la perspectiva empresarial, Valentín Pich Rosell ha incidido en esa misma evolución. El presidente de la Comisión Legal de CEOE ha contrapuesto el perfil tradicional, más especializado y estático, con las necesidades actuales de compañías sometidas a cambios continuos en su estructura, su actividad y su marco normativo.

A su juicio, el abogado de empresa necesita hoy “un carácter pluridisciplinar”, conocer en profundidad el negocio y entender qué persiguen tanto la dirección como la propiedad para poder orientar sus decisiones. “Esto ya no puede ser aquel papel pasivo”, ha resumido.

Esa capacidad para integrar Derecho y negocio adquiere especial importancia en un contexto regulatorio cada vez más difícil de interpretar. Pich ha apuntado a la fragmentación normativa y política como uno de los factores que obligan al profesional jurídico a discriminar qué cambios tienen un impacto real sobre la empresa y dónde debe concentrarse la atención.

Previsibilidad regulatoria para acompañar inversión y crecimiento

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid ha situado precisamente ahí una de las responsabilidades de la Administración. Rocío Albert López-Ibor ha defendido que la seguridad y la previsibilidad que la asesoría jurídica aporta a la empresa necesitan a su vez unas reglas “claras, estables y previsibles”.

La consejera ha vinculado esa necesidad con el proyecto de Ley de medidas contra la Hiperregulación aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado 7 de octubre y remitido a la Asamblea regional para su tramitación. El texto persigue reducir cargas burocráticas y mejorar la calidad normativa como vía para facilitar la actividad económica y la inversión. Entre sus medidas figura la obligación de compensar cada nueva carga administrativa impuesta a una empresa con la eliminación de otra de coste equivalente. El proyecto fija además dos fechas ordinarias —2 de enero y 1 de julio— para la entrada en vigor de las normas que incorporen nuevas obligaciones a los operadores económicos, con el objetivo de facilitar la planificación y evitar cambios regulatorios dispersos a lo largo del año.

La iniciativa introduce también mecanismos de revisión y caducidad de normas organizativas y regula espacios controlados de prueba o sandboxes para aquellas actividades innovadoras que avanzan por delante de la legislación vigente. La Línea Abierta contra la Hiperregulación ha permitido ya eliminar 738 cargas administrativas, según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid.

Albert ha pedido a los propios departamentos jurídicos que participen en ese proceso identificando normas o trámites que hayan quedado obsoletos o generen dificultades innecesarias. Al mismo tiempo, ha animado a la abogacía de empresa a seguir aumentando su presencia “en la toma de decisiones de las inversiones” y “del crecimiento de las empresas”.

Una función jurídica más transversal

El balance de las ocho sesiones celebradas durante estos dos días confirma que la transformación de la asesoría jurídica ya no puede explicarse únicamente desde la incorporación de tecnología. La diputada del ICAM Ana Buitrago ha destacado que, junto a la inteligencia artificial, el Encuentro ha abordado el desarrollo profesional, la sostenibilidad, el impacto de la geopolítica y la evolución de la relación entre departamentos jurídicos y proveedores externos.

En materia tecnológica, Buitrago ha defendido una aproximación alejada tanto del inmovilismo como de la sobrerreacción. La inteligencia artificial es, en sus palabras, “una oportunidad de oro para innovar, para acelerar”, y ha señalado que en determinadas organizaciones los equipos legales se encuentran ya entre los más avanzados en su adopción.

Ese proceso no desplaza otras responsabilidades de la función jurídica. Buitrago ha reivindicado la sostenibilidad como una variable empresarial que debe mantenerse más allá de los ciclos normativos. “Sin un medio ambiente y sin un entorno sostenible a medio y largo plazo no hay empresas, no hay nada”, ha señalado.

Finalmente, Vallejo ha añadido a esta agenda la formación continua, el bienestar profesional y la responsabilidad de los departamentos jurídicos en el uso de la inteligencia artificial “con criterio, con ética y con responsabilidad”. Para la decana del ICAB, la evolución de la función legal demuestra que el Derecho no tiene por qué limitarse a reaccionar ante cambios ya producidos. “Cuando la abogacía se organiza, cuando la abogacía comparte conocimiento y cuando la abogacía lidera, el Derecho marca el rumbo”.

Organizado por la Sección de Abogacía de Empresa del ICAM y la Comissió de l'Advocacia d'Empresa del ICAB, el III Encuentro ha reunido en Madrid a cerca de un centenar de profesionales en las distintas sesiones dedicadas a LegalTech e inteligencia artificial, influencia interna, gobierno corporativo y sostenibilidad, talento, geopolítica y gestión de proveedores jurídicos.

La cita da continuidad a una línea de trabajo iniciada en Madrid en 2024 y desarrollada el pasado año en Barcelona. La primera edición situó en primer plano el papel de la abogacía de empresa como business partner y motor jurídico de la transformación empresarial; la segunda profundizó en el valor estratégico de la función legal, su protección profesional y su integración en los comités de dirección. Tras esta tercera edición, Barcelona tomará el relevo como sede del IV Encuentro en 2027.