1. La condena rotunda de los hechos que provocaron la muerte violenta de Núria L., jefe de cocina del Centro Penitenciario de Mas d'Enric, y el traslado de nuestra solidaridad a la familia y compañeros de la víctima.

2. El legítimo derecho a la protesta en ningún caso impedirá el ejercicio del derecho a la defensa por parte de los profesionales de la abogacía. Con todo, el hecho de que las reivindicaciones de las personas trabajadoras de los centros penitenciarios no estén amparadas por una convocatoria formal de huelga y la correspondiente implantación de servicios mínimos, está afectando a la asistencia letrada y de comunicación -tanto presencial como por videoconferencia- de las personas privadas de libertad con sus abogados y abogadas a causa de la situación en los accesos y en el interior de las prisiones catalanas.

3. Las personas privadas de libertad siempre deben tener garantizado como derecho esencial el derecho a su defensa con plenas garantías. Por eso, lamentamos que esta situación pueda suponer la suspensión de vistas o la afectación a la conducción de las personas privadas de libertad en sus comparecencias ante los órganos judiciales.

4. Exigimos a la administración competente que tome todas las medidas necesarias para resolver este conflicto de forma urgente y evitar que en el futuro se repita una situación como ésta, tanto en lo referente a la seguridad de los profesionales de los centros penitenciarios como al libre ejercicio de abogacía.