Además de esta endémica marginación por parte de la Administración, la justicia está sufriendo en los últimos meses el impacto de la incapacidad de las Administraciones para gestionar las diferentes huelgas convocadas por colectivos profesionales y jurídicos que provocan importantes retrasos y disfunciones en el sistema judicial que causan un grave perjuicio a toda la abogacía y a la ciudadanía en general.

A partir de esta realidad, hoy tenemos una justicia al borde del colapso, con una situación que favorece una inadmisible vulneración de derechos y que ocasiona pérdidas económicas no solamente en el sector de la abogacía, sino ya en la economía en general.

El Consell de l’Advocacia Catalana considera que el actual estado de la justicia en Cataluña y en España es insostenible en una democracia que tiene la obligación de proteger el Estado de Derecho, por lo que pide a todos los operadores jurídicos y a las Administraciones implicadas un gran pacto por la justicia que resuelva todos los déficits acumulados y nos comprometa a avanzar juntos hacia una justicia moderna, eficiente y de calidad.

En este sentido, se considera imprescindible una apuesta firme de las Administraciones para:

• Desencallar las inversiones necesarias para modernizar y poner al día la Administración de Justicia.
• Garantizar anualmente una dotación presupuestaria suficiente para dotar a la justicia de los mejores recursos y herramientas, para situarla como un elemento fundamental del estado del bienestar y de preservación de los derechos fundamentales.

El Consell de l’Advocacia Catalana reafirma el compromiso, avalado por sus 40 años de historia, en liderar esta nueva etapa del sistema judicial para favorecer el ejercicio de la abogacía en condiciones dignas y una administración ágil, cercana y sensible a las necesidades de la ciudadanía.