El decano de la Corporación, Oriol Rusca, ha hecho un repaso de las líneas de actuación del último año, que ha estado marcado por tres objetivos: más prestigio de la abogacía, proximidad y presencia del Colegio en todas las instituciones.

En relación al prestigio de la abogacía, las actuaciones se han centrado en la defensa de la profesión y de los derechos fundamentales. En este sentido, a modo de ejemplo, se han recordado diferentes acciones que el Colegio ha llevado a cabo, entre las que destacamos algunas como instar a la Agencia Tributaria al cese de las inspecciones abusivas a empresas y despachos profesionales, exigir la doble conducción para evitar que la detención se prolongue más allá de lo que sería estrictamente imprescindible, alertar sobre la limitación del principio de Justicia Universal o rechazar cualquier modificación legislativa o medida que suponga obstaculizar el acceso a la justicia o dar un paso atrás en cuanto a los derechos de los ciudadanos.

Esta Corporación también ha trabajado ante la amenaza de la Ley de servicios y colegios porque supone una pérdida de las garantías para los ciudadanos y de la independencia del ejercicio de la abogacía incluyendo sus valores fundamentales y, sin perjuicio de que las últimas informaciones indican que no avanzará en esta legislatura, se deberá estar alerta ante lo que pueda pasar.

La lucha más importante que ha hecho el Colegio durante estos dos años ha versado en torno a la ley de tasas judiciales. Ha sido una reivindicación, una protesta y denuncia que no se ha hecho de forma individual sino que dado el obstáculo que ha supuesto a los ciudadanos en relación al acceso a la justicia, la derogación de la ley de tasas se ha traducido en un clamor unánime de todos los operadores jurídicos. De modo que finalmente y a pesar de las muchas voces que decían que no sería posible, la Junta de Gobierno del Colegio ha logrado derogar las tasas judiciales para las personas físicas.Tras las quejas hechas, el ministro Catalá está escuchando nuestras quejas.

Desde el ICAB se está satisfecho  pero también se ha asegurado que se va continuar trabajando para que las PMES no tengan que pagar esta tasa, aunque se considera que esta lucha debe liderarla la patronal.

PROXIMIDAD

El ICAB reivindica una justicia de proximidad. Por este motivo, el decano ha destacado los trabajos realizados contra la reforma de la Ley orgánica del poder judicial porque conlleva un alejamiento irreversible de la justicia respecto a los ciudadanos.

Pero, muy probablemente, la lucha más importante que se ha llevado a cabo desde el ICAB es en relación al Proyecto de Ley de Justicia Gratuita que ha llevado a la Corporación a hacer su voz en todos los ámbitos (Congreso, Senado, Parlament).

También se ha hecho una reclamación importante desde el Colegio, en relación al examen de acceso a la abogacía. Se ha logrado descentralizarlo, es decir, que el examen se pueda hacer en el caso de Catalunya en Barcelona y de otras Comunidades Autónomas, pero se ha denunciado que el examen se hace sobre conocimientos y habilidades, tal como establece el reglamento de la Ley.

PRESENCIA Y RELACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES

El decano también ha resaltado la excelente relación de esta corporación con otras instituciones como el Consell de l’Advocacia Catalana o el Consejo General de la Abogacía Española, que lograron reunir en Madrid a las Juntas de los 83 Colegios de Abogados de España para protestar por la actual redacción de la Justicia gratuita.

En este sentido, se ha recordado el convenio establecido con el Institut Català d’Oncologia (ICO) para que abogados de esta corporación ofrezcan un servicio pro bono o voluntario de asesoramiento en temas laborales y civiles a las personas que sufren cáncer. O la denuncia que se hizo sobre los retrasos en los expedientes de FOGASA y que ha servido para mejorar la situación de las personas que están pendientes de estas indemnizaciones.

El Colegio ha concienciado a los jóvenes a través de la actividad Justícia i Joves de que la mayor parte de las acciones que llevan a cabo a nivel cotidiano tienen consecuencias jurídicas y, de ahí la importancia de confiar y consultar a un abogado.

También se ha citado el trabajo que se ha llevado a cabo para mejorar la situación de las personas que están en los CIE, con la creación de un servicio de orientación jurídica específico para ellos y que ha sido posible fruto del acuerdo con el Ministerio del Interior y de la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona.

Por último, el decano ha pedido que los abogados velen por la profesión, porque una mala acción o una imagen indigna de una sola persona afecta a toda la abogacía. Por eso ha dicho que la Junta será muy severa en cuanto a cuestiones de deontología.

A continuación se ha dado la palabra al tesorero, Josep Capdevila, que ha explicado que la contención y la austeridad han marcado las líneas de actuación en este último ejercicio. También ha detallado las diferentes partidas incluidas en la liquidación presupuestaria, que ha cerrado con un resultado contable positivo para la corporación, gracias a un mayor nivel de ingresos como consecuencia de las nuevas incorporaciones de colegiados por encima de lo que se había presupuestado y un cumplimiento estricto de la partida de gastos.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

El iesorero ha ido detallando tanto las principales partidas presupuestarias como el nivel de recursos destinados a cada una de las actividades colegiales diferenciando las funciones públicas que esta corporación realiza (como por ejemplo el Turno de Oficio y las actuaciones relacionadas en el ámbito de la deontología o los honorarios) de los servicios destinados a la mejora de la capacitación profesional (formación y biblioteca) o buscar soluciones para la actividad del abogado (entre otros, servicio de empleo y orientación profesional, correo electrónico, póliza de responsabilidad civil, etc.).

En definitiva, un ejercicio de transparencia y un rendimiento de cuentas a los colegiados.