Por tanto, los contratos de servicios jurídicos celebrados entre abogado y cliente, por razón de la consideración de éste último como consumidor y de la situación de inferioridad técnica respecto al profesional, están sujetos a la Directiva 93/13 y la protección por ella conferida en cuanto al control de abusividad de las clausulas contenidas en esos contratos de prestación de servicios jurídicos.

Precisamente para evitar la conflictividad en la interpretación de los contratos de arrendamiento de servicios jurídicos y la posible declaración de alguna cláusula como abusiva, desde la Comisión de Honorarios se ha venido insistiendo en la necesidad de establecer los honorarios por escrito, según lo acordado con el cliente, mediante hoja de encargo o contrato de arrendamiento de servicios, donde se recoja de forma clara y comprensible para el cliente todos los aspectos relacionados con el servicio jurídico prestado, con especial mención a los honorarios profesionales. Para facilitarlo, el colegido tiene a su disposición diferentes modelos de hoja de encargo que podrá modificar y ajustar según sus necesidades.