A la reunión han asistido también la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, entre otros decanos.

El encuentro mantenido con Rafael Catalá se ha obtenido el compromiso de modificar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 para poner de manifiesto que las actuaciones que perciben los abogados y abogadas derivadas de Turno de Oficio tienen carácter indemnizatorio y como tales no deberán tributar por el IVA y supone la suspensión de la aplicación del cambio de criterio de la Agencia Tributaria.

Cabe recordar que el decano del ICAB ya había expresado con anterioridad al ministro de Justicia la preocupación y malestar de la abogacía ante el cambio de criterio de la Dirección General de Tributos (DGT) en relación a la fiscalidad del Turno de Oficio y que envió una carta al ministro de Hacienda y Función Pública en la que le trasladaba el posicionamiento de esta Corporación y le pedía la suspensión inmediata de su aplicación

Barcelona, ¿¿1 de marzo de 2017. A raíz del encuentro que han mantenido esta tarde el ministro de Justicia con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el decano de la abogacía Barcelonesa, Oriol Rusca, la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, y otros decanos, el ministro Rafael Catalá se ha comprometido a iniciar los trámites para modificar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, con el fin de dejar claro que las cuantías que perciben los abogados y abogadas del Turno de Oficio derivadas de las actuaciones que realizan para defender los derechos de las personas que tienen el beneficio de la justicia gratuita no deberán tributar por el IVA.

El ICAB celebra que se reconozca que las actuaciones del Turno de Oficio finalmente no deberán tributar por el IVA.

Por otra parte, el ministro de Justicia ha trasladado también a los representantes de la abogacía asistentes a la reunión el compromiso del Ministerio de Economía de suspender la aplicación de la consulta vinculante, durante el período de tramitación de la modificación legislativa.

Con motivo del cambio de criterio de la Dirección General de Tributos (DGT) en relación a la fiscalidad del Turno de Oficio, de acuerdo con la transposición -errónea al entender de la abogacía- de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a Bélgica que nada tiene que ver con España, la abogacía de forma unánime ha expresado su disconformidad con el cambio de criterio, y los decanos, reunidos en pleno el pasado 24 de febrero, habían anunciado que procedían a valorar hacer una convocatoria de huelga del turno de oficio, y la realización de movilizaciones en todos los Colegios de Abogados así como una concentración de las Juntas de Gobierno ante el Ministerio de Hacienda, rechazando el tratamiento del Turno de Oficio y de la justicia gratuita como operaciones mercantiles.

Varias formaciones políticas (PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y ERC) también habían manifestado su acuerdo con la abogacía y habían formulado proposiciones no de ley en la Mesa del Congreso con el fin de mantener el carácter público del servicio de Justicia Gratuita y, por tanto, también la fiscalidad del turno de oficio con los criterios anteriores.

El decano del ICAB y los representantes de la abogacía presentes en el encuentro han reivindicado nuevamente el sistema del Turno de Oficio, un sistema de naturaleza pública y obligatorio que funciona correctamente y que garantiza el acceso universal a la Justicia en España desde hace décadas. Los cerca de 43.000 abogados inscritos en el TO en España -de los cuales cerca de 3.500 en Barcelona y más de 7.000 en toda Cataluña- cumplen con profesionalidad y orgullo la labor de defensa de las personas y sus derechos y libertades. También se ha destacado en la reunión que el sistema del Turno de Oficio ha sido siempre atento a las necesidades de la población, a pesar de la congelación de los módulos de pago y del aumento del servicio provocado por la crisis económica.

El ICAB valora positivamente que se haya dado una solución a una situación que ha puesto en pie de alerta a la abogacía.