El cambio normativo ha sido aprobado en el Congreso por 19 votos a favor y 18 en contra y debe ser ratificado por el Senado antes de entrar en vigor en los próximos meses.

Incorpora una medida cautelar específica, rápida y efectiva que permite obtener la recuperación de la vivienda por su propietario, anticipando los efectos de la futura sentencia.

Barcelona, 26 de abril. El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) celebra que el Congreso haya aprobado una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitirá los desahucios exprés para desalojar a los ocupantes ilegales de pisos particulares y cuya  redacción había sido propuesta por el Colegio.

La iniciativa del PDeCat ha contado con 19 votos a favor (del PP, C's y el PNV) y 18 en contra (PSOE, Podemos y ERC). Está previsto que quede ratificada por el Senado y entre en vigor en los próximos meses.

Este cambio normativo va muy en la línea de la reforma que el Colegio, a través de la Comisión de Normativa, había planteado a finales de noviembre de 2016 para que la Ley de Enjuiciamiento Civil incorporara al ordenamiento jurídico español una medida cautelar específica que diera una respuesta rápida y efectiva ante el fenómeno cada vez más frecuente de la ocupación de una propiedad sin ser tolerado por el propietario o titular legítimo de la vivienda cuando no hay ningún tipo de relación con el ocupante. El planteamiento consistía en que el juez pudiera actuar de forma inmediata y ejercitara lanzamiento o desalojo de la vivienda cuando la parte propietaria acreditara su condición a través de un título de propiedad.

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ahora ha aprobado el Congreso recoge estas propuestas de la Comisión de Normativa y agilizará notablemente el proceso de recuperación de un piso ocupado.

Por un lado, los plazos de efectividad del desahucio, se acortarán con el consiguiente alivio para las familias propietarias.

Por otro, el propietario no tendrá que recurrir a la vía penal o a otros procedimientos civiles. Bastará demandar directamente y demostrar la titularidad del piso ocupado para que un juez pueda autorizar el desahucio inmediato de los ocupantes ilegales.