Fruto de estas reuniones se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un informe jurídico independiente que analizara la situación y planteara posibles propuestas, con el fin de poder adoptar una posición por parte del Consell, fundamentada jurídicamente.

Por esta razón se encargó a la Asociación Catalana de Juristas Demócratas (ACJD), con una amplia trayectoria en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, la redacción del informe, que fue entregado al Consell el 19 de junio de 2024.

Después de diferentes sesiones plenarias, en las que los decanos y decanas de los Colegios de la Abogacía Catalana han podido estudiar en profundidad el dictamen emitido por la ACJD, y después de conocer, en la sesión convocada por el CGAE el pasado 24 de julio, las conclusiones de otros informes encargados por otros Colegios de la Abogacía de fuera de Cataluña, el Consell de l'Advocacia Catalana manifiesta:

1. La existencia de una posible responsabilidad por parte del Estado, en relación con la configuración del sistema de previsión social de la abogacía, al no garantizar el mandato constitucional contenido en los artículos 41 y 50 de la CE, de los que se deriva la obligación del legislador de establecer para todos los ciudadanos un “régimen público de Seguridad Social” que debe garantizar unas prestaciones sociales “suficientes” e incluso “periódicamente actualizadas”.

2. La necesidad de abrir una negociación con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con la finalidad de conseguir:

• Habilitar una pasarela al RETA, voluntaria, para todos aquellos mutualistas alternativos que así lo soliciten, con reconocimiento por parte del Estado del tiempo y de las aportaciones realizadas en el sistema de mutualismo sustitutivo y alternativo al RETA.
  
  
• Que esta medida sea compatible con garantizar igualmente la seguridad jurídica, derechos y capitales aportados por los mutualistas que no opten por esta opción y se mantengan como alternativos en las mutualidades profesionales.
  
  
• Mantener el mutualismo como sistema de previsión social alternativo al RETA, si bien con la adopción de las modificaciones legislativas correspondientes para conseguir un sistema de prestaciones suficientes en el futuro.
  
  
• Permitir que todos los mutualistas alternativos sean beneficiarios de la totalidad de las prestaciones sociales financiadas a través de Presupuestos Generales del Estado.
  
  
• Adecuar la legislación fiscal para un correcto tratamiento impositivo, equiparando ambas alternativas (RETA y sistema alternativo de previsión social en mutualidades)
  
  
• Especial atención a situaciones de vulnerabilidad y posibles brechas que puedan provocar situaciones de desigualdad, como puede ser la brecha de género o por situaciones de discapacidad.
  
  
• Buscar soluciones para los mutualistas pasivos que dispongan de pensiones inferiores a la cantidad establecida como mínima en el sistema de SS, a fin de que puedan acceder al complemento de mínimos en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía.

3. La voluntad de ejercer la máxima transparencia y publicar el informe elaborado por la Asociación Catalana de Juristas Demócratas por encargo del Consell de l'Advocacia Catalana, que podeís consultar y/o descargaros a continuación (ver documento adjunto)