El ICAB lamenta que el Reglamento de Extranjería no garantice todos los derechos de los internos de los CIE

Desde la abogacía barcelonesa se denuncia que el Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros se limite a reproducir buena parte de lo establecido en la Ley Orgánica de Extranjería, que comporta carencias significativas. Entre éstas, el Reglamento no contempla la necesidad de notificar al letrado el momento de ejecución de la expulsión y la correspondiente salida del extranjero del centro.
 
El ICAB critica que después de cuatro años de espera no se haya aprovechado la elaboración de este Reglamento para incorporar las resoluciones judiciales dictadas por los jueces de control de la estancia de los extranjeros en los CIE , lo que hubiera contribuido a una regulación que garantizase los derechos de los internos y de sus condiciones de estancia, como por ejemplo, el derecho del interno a conocer con antelación el momento en que se producirá la expulsión, o la posibilidad de disponer de teléfonos móviles en el centro.
 
Otras lagunas detectadas se refieren a temas sanitarios y de prevención. Así, por ejemplo, el Reglamento no prevé que el servicio de asistencia sanitaria establezca la presencia de un facultativo médico 24 horas en el Centro de Internamiento de Extranjeros o el establecimiento de un plan de prevención de suicidios. También quedan fuera del Reglamento las salas de inadmisión de los aeropuertos. En cambio, el texto introduce la vigilancia con armas de fuego con carácter general en los CIE y dota de un excesivo protagonismo al director del Centro de Internamiento de Extranjeros.
 
Creación del Servicio de Asistencia Jurídica en el CIE

Por otra parte, desde la abogacía se celebra que el legislador reglamentario, atendiendo a la petición formulada por la Abogacía y el informe del Consejo Fiscal y el dictamen del Consejo de Estado relativo al proyecto del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, contemple la dotación de un Servicio de Asistencia Jurídica en el CIE cubierto por acuerdos de colaboración con los correspondientes colegios de abogados.