Curso de especialización en Derecho Ambiental.

El Derecho ambiental ha experimentado, a las últimas décadas, un crecimiento excepcional que lo ha convertido en un elemento transversal y vertebrador de todos los ámbitos de la actividad humana susceptibles de afectar nuestro entorno.

En pleno auge de este Derecho ambiental, se aprobó la Directiva 96/61/CE, de prevención y control integrados de la contaminación que introdujo un concepto integrador de la manera de hacer frente a los impactos ambientales generados por las actividades y que supuso la obligación de obtener un permiso escrito para desarrollarlas.

Cataluña fue pionera en la aprobación de una Ley inspirada en la Directiva 96/61/CE, de prevención y control integrados de la contaminación, concretamente la Ley 3/1998, de intervención ambiental de la Administración ambiental.

Posteriormente se aprobó por parte del Estado español la Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación que incorporaba la mencionada Directiva al ordenamiento jurídico estatal. Fue en aquel momento que se hizo patente en Cataluña la necesidad de adecuar la normativa sobre régimen de intervención integral de la Administración ambiental de la Ley 3/1998 a la Ley 16/2002. Era también un buen momento para armonizar el régimen de intervención administrativa en Cataluña con las prescripciones del Real decreto Legislativo 1/2008, de evaluación de impacto ambiental y la Ley 27/2006 que regula el derecho de acceso a la información en materia ambiental.

Fue así como al mes de diciembre del año 2009, se aprobó la Ley 20/2009, de prevención y control ambiental de las actividades (“LPCAA”) que configura, a día de hoy, el régimen jurídico de intervención administrativa aplicable a las diferentes actividades en función de su grado de incidencia ambiental. La LPCAA entró en vigor al mes de agosto de 2010.

Los objetivos fundamentales de la LPCAA eran racionalizar y simplificar los trámites diseñados por la Ley 3/1998, superar las dificultades que desde el punto de vista práctico comportaba su aplicación y regular exclusivamente aspectos ambientales, dejando de banda problemáticas como las asociadas a la prevención en materia de incendios.

La PCAA ha sido modificada en tres ocasiones como consecuencia de la Ley 9/2011, de promoción de la actividad económica; de la Ley 5/2012, de medidas fiscales, administrativas y financieras y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos y, finalmente con la Ley 2/2014, de medidas fiscales, administrativas y financieras y del sector público.

Transcurridos 6 años desde la entrada en vigor de la LPCAA se ha hecho necesaria una nueva adaptación de sus preceptos, esta vez para hacerla acuerdo con la normativa que incorpora la Directiva 2010/75/CE, de emisiones industriales al ordenamiento jurídico español, en concreto la Ley 5/2013 de modificación de la Ley 16/2002 y del Real decreto 815/2013, por el cual se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002.

El curso aspira a exponer la aplicación e interpretación de todo este cuerpo normativo identificando sus problemáticas prácticas y las incertidumbres que el día a día del régimen de intervención administrativa ha venido poniendo de manifiesto.

El objetivo de este segundo curso es ofrecer una visión práctica del régimen de intervención administrativa y de la evaluación de impacto ambiental de las actividades con potencial impacto en el medio que las acoge, así como de determinados aspectos claves de la aplicación de todo este cuerpo normativo incluyente, a título enunciativo, los siguientes:

• Régimen de Autorización Ambiental Integrada estatal y catalán, tanto en el que respeta su otorgamiento como sus modificaciones (sustanciales o no sustanciales).
• El cese de actividades, desde el punto de vista de la protección del suelo y de las aguas subterráneas. El informe base de la calidad del suelo y su alcance.
• Régimen de licencia ambiental y de comunicación ambiental en Cataluña.
• Aplicación de las Mejores Tecnologías Disponibles, sobre todo por el que respeta a la fijación y exigibilitat de los valores límites de emisión.
• Los controles de los títulos autoritzatoris y su integración en el Plan de Inspecciones Ambientales.
• El procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
• La intervención de organismos estatales que tengan que emitir informes en el marco del procedimiento de Autorización Ambiental (o en el marco de sus modificaciones, revisiones, etc.).
• Las funciones, competencias y estatuto de las entidades colaboradoras de la Administración; y Los procesos de auditoría y certificación ambiental.

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