La profesión jurídica vive un momento de profunda transformación. La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, que convierte los medios adecuados de resolución de controversias (MASC) en requisito de procedibilidad, sitúa al derecho colaborativo como un instrumento privilegiado de gestión de conflictos antes de acudir a los tribunales.

En este nuevo escenario, el abogado o abogada se convierte en un Peacemaker cualificado y la capacidad de facilitar acuerdos satisfactorios para los clientes se configura como una competencia esencial de la abogacía. El derecho colaborativo destaca como un MASC altamente valorado tanto por los profesionales como por los usuarios, gracias a su eficacia y a su enfoque centrado en los intereses reales de todas las partes. Cataluña y el País Vasco ya han impulsado iniciativas significativas en este ámbito, incluyendo programas específicos de justicia gratuita.

Esta microcredencial ofrece una formación rigurosa, actualizada y alineada con los estándares internacionales, que prepara a los profesionales del derecho para ejercer con solvencia en procedimientos de derecho colaborativo y dar respuesta a las nuevas demandas del sistema de justicia.

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